
La retirada de Rusia del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura confirma que la tortura forma parte de la política de Estado del Kremlin, declaró el Comisionado para los Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, según Ukrainska Pravda.
Así reaccionó Lubinets ante la firma, el 29 de septiembre, de la ley de retirada de Rusia del acuerdo internacional por parte del presidente ruso Putin.
«Esta decisión no es una simple formalidad en el ámbito legal, sino un paso demostrativo que desvela las últimas «máscaras» y confirma que la tortura forma parte de la política de Estado del Kremlin», declaró Lubinets.
El Kremlin está eludiendo deliberadamente el control internacional y privando al mundo de los mecanismos para responder a la tortura en las cárceles rusas y en los territorios temporalmente ocupados donde se encuentran detenidos prisioneros de guerra y civiles ucranianos.
“Esto también es una clara señal política de que Moscú no reconoce los estándares europeos y ya no se compromete a adherirse a las normas que protegen la dignidad humana. En tiempos de guerra, este rechazo a los mecanismos de control aumenta inevitablemente el riesgo de violaciones masivas y sistémicas de los derechos humanos”, afirma Lubinets.
En respuesta, el mundo debe utilizar las herramientas que siguen vigentes. Rusia sigue siendo parte de la Convención de la ONU contra la Tortura, por lo que es necesario intensificar la labor de los mecanismos de la ONU, así como del Comité Internacional de la Cruz Roja, afirma Lubinets.
“Es importante seguir registrando los crímenes de tortura y transferir las pruebas a la Corte Penal Internacional, reforzar las sanciones personales contra los organizadores y perpetradores de la tortura, y apoyar a las víctimas, así como a los defensores de los derechos humanos que lideran esta lucha”, añade.
Lubinets enfatiza que el camino elegido por Rusia es el de un Estado represivo y asesino.
“La denuncia de la convención solo confirma que la tortura y los tratos inhumanos son una práctica sistémica del Kremlin”, concluyó Lubinets.
Tras retirarse de la convención, Rusia podrá impedir la entrada de inspectores internacionales en sus prisiones, y el comité europeo no considerará las quejas de los presos rusos. El Kremlin explicó esto afirmando que desde 2023 Rusia no ha tenido un representante en el comité, porque el Consejo de Europa bloqueó su elección y supuestamente no respondió a la solicitud de Moscú de restablecer la representación.
La convención, adoptada por la ONU en 1984, obliga a los países a no permitir la tortura ni a extraditar a personas a lugares donde puedan estar en peligro. Rusia se unió a la iniciativa en 1996 y desde 1998 el documento está en vigor en el país.
Fotografía: Shutterstock