A finales de julio de 2026, una de las escuelas de Sudáfrica publicó en sus redes sociales una nota sobre la victoria de uno de sus alumnos en un concurso de fotografía organizado en Rusia y cofinanciado por un fondo presidencial ruso.
En la fotografía aparece un estudiante sudafricano vestido con uniforme militar ruso frente a equipo militar. A su lado se muestra una imagen que presenta de forma despectiva la bandera de Ucrania.
El incidente generó preocupación en la Asociación Ucraniana en la República de Sudáfrica (AURSA), que instó a las autoridades del país a investigar las circunstancias del viaje y a suspender la participación de escolares en programas similares en Rusia hasta que existan garantías de que no se utilizan para la propaganda militar, la legitimación de la violencia o la influencia ideológica.
La publicación, concebida como un motivo de orgullo por el logro del menor, terminó revelando un mecanismo ruso que desde hace años opera a una escala mucho mayor que la de una sola institución educativa o un solo país.
En una entrevista para el Congreso Mundial de los Ucranianos (CMU), Katerina Rashevska, experta en derecho internacional humanitario y derecho penal internacional, explicó qué hay realmente detrás de este tipo de iniciativas de «diplomacia infantil» impulsadas por Rusia y qué medidas jurídicas y prácticas pueden adoptar las comunidades ucranianas para contrarrestarlas.
Parte de un sistema
La historia del estudiante sudafricano no es un error ni una casualidad, sino un fragmento de una amplia campaña de propaganda que Rusia disfraza de intercambio cultural o de «diplomacia infantil», afirma Rashevska. El objetivo de esta política es legitimar la agresión contra Ucrania y blanquear los crímenes de guerra promoviendo una interpretación alternativa de los acontecimientos de la denominada «operación militar especial».
Este mecanismo funciona a través de fondos presidenciales, iniciativas culturales y la red de las «Casas Rusas» en el extranjero. Los formatos de los concursos varían según la región: en los países de la Unión Europea suelen consistir en ensayos o videos cortos; en el caso de Sudáfrica, fue un concurso fotográfico. Sin embargo, el premio para los ganadores es siempre el mismo: un viaje al territorio de la Federación Rusa y, anteriormente, vacaciones en el campamento Artek, ubicado en la Crimea ocupada, que se encuentra bajo sanciones de numerosas jurisdicciones, entre ellas la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá.
Debido al aumento de la actividad de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Ucrania en la dirección de Crimea, parte de estos eventos ha sido trasladada al propio territorio ruso, en particular a Cheliábinsk, así como a Belarús y Corea del Norte. Rashevska señala que, paralelamente al concurso fotográfico en Sudáfrica, actualmente se desarrolla un campamento internacional con la participación de niños de Corea del Norte, Rusia y, por primera vez, China en el campamento Songdowon (Wonsan, Corea del Norte). Se desconoce si allí también son llevados niños ucranianos procedentes de los territorios ocupados, ya que, tras escándalos anteriores, los organizadores se han vuelto mucho más cautelosos y procuran ocultar los detalles de este tipo de actividades.
«Sudáfrica es el líder de su región y miembro de los BRICS, una agrupación con una influencia geopolítica cada vez mayor. Precisamente por eso era importante para Rusia llevar al menos a unos pocos niños sudafricanos, aunque se trate de casos aislados. Esto permite a Moscú presentar estos viajes como supuestos intercambios culturales legítimos o manifestaciones de ‘diplomacia infantil'», explica Katerina.
Posteriormente, estos casos son utilizados como prueba de que a Rusia viajan niños «de todo el mundo», lo que supuestamente demostraría que sus programas culturales carecen de trasfondo político.
Esto ayuda a Rusia a difuminar la frontera entre los intercambios culturales internacionales legítimos y los programas ilegales de traslado de niños ucranianos desde los territorios ocupados. Precisamente por ello, el Kremlin promueve activamente la idea de que «la cultura está fuera de la política».
La experta subraya que precisamente este fue el argumento repetido por los representantes de la escuela sudafricana al justificar el viaje del estudiante. Sin embargo, recalca que la presencia de algunos menores procedentes de otros países no implica el respaldo de sus Estados a dichos programas.
«El hecho de que ciudadanos de determinados países se encuentren en el territorio de la Federación Rusa no refleja en absoluto la posición oficial de Estados Unidos, Noruega o cualquier otro Estado».
A pesar de la similitud de los métodos, desde el punto de vista del derecho internacional, la militarización de niños ucranianos y de niños extranjeros forma parte de políticas distintas, explica Rashevska.
Según ella, respecto a los niños ucranianos, Rusia, como potencia ocupante, tiene obligaciones no solo en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, sino también del derecho internacional humanitario. Por ello, su militarización, rusificación e indoctrinación ideológica están absolutamente prohibidas y, en determinadas circunstancias, alcanzan el umbral de crímenes de guerra. Esta asimilación cultural está dirigida a destruir a Ucrania como Estado soberano y a someter a la nación ucraniana.
En cambio, respecto a los niños de Sudáfrica u otros Estados, Rusia no actúa como potencia ocupante, por lo que calificar estos casos como crímenes de guerra resulta mucho más difícil.
«Cuando hablamos de niños de Sudáfrica o de cualquier otro Estado neutral, Rusia debe respetar las normas del derecho internacional de los derechos humanos, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño».
Al mismo tiempo, la experta no descarta otras valoraciones jurídicas. Llama la atención sobre un informe de expertos independientes de la OSCE, publicado el 9 de julio, que concluyó que la militarización sistemática y la indoctrinación ideológica de los niños ucranianos podrían constituir un crimen de lesa humanidad. En teoría, cuestiones similares podrían plantearse también respecto a menores extranjeros. Sin embargo, insiste Rashevska, ambas políticas persiguen objetivos distintos y, por tanto, deben recibir valoraciones jurídicas diferentes.
«Una política está dirigida a la asimilación cultural, la rusificación y la erradicación de la identidad ucraniana. La otra busca instrumentalizar la infancia para legitimar la guerra de agresión rusa».
Los niños: una futura reserva para la guerra
Existe otro riesgo mucho más subestimado, afirma Rashevska. Rusia podría utilizar estos programas como un instrumento de influencia a largo plazo, formando en el extranjero una futura reserva de personal y una actitud positiva hacia su ejército.
«Estas actividades pueden estar dirigidas a crear una reserva para el futuro mercenarismo. En ese caso, ya estaríamos hablando de la preparación de una nueva guerra de agresión».
A comienzos de este año, las autoridades sudafricanas repatriaron a ciudadanos que Rusia había reclutado con el pretexto de ofrecerles trabajo civil, cuando en realidad fueron enviados a combatir contra Ucrania. Por ello, considera la experta, los programas infantiles no pueden analizarse al margen de la estrategia más amplia de Rusia.
«Es probable que la Federación Rusa simplemente esté preparando un grupo de personas que la próxima vez creerán en historias sobre estudios o entrenamientos en Rusia y, en realidad, terminarán siendo arrojadas a la maquinaria de la guerra», afirma Katerina.
En Sudáfrica, el mercenarismo está tipificado como delito desde 1998 y ya se han abierto procesos penales contra personas que organizaron la participación de ciudadanos sudafricanos en la guerra del lado de Rusia.
Por ello, las autoridades sudafricanas podrían considerar estos programas infantiles no solo como una cuestión educativa o de relaciones culturales internacionales, sino también como un posible elemento de preparación para el futuro reclutamiento de ciudadanos del país para participar en las guerras de Rusia, señala la experta.
Uno de los pocos países que ya reaccionó a este tipo de programas rusos mediante legislación fue Estonia.
A finales de 2024, el país introdujo restricciones a la participación de niños y jóvenes menores de 21 años en actividades realizadas en Rusia, Belarús y los territorios ucranianos ocupados, cuando estas tengan como objetivo justificar la agresión rusa, promover el servicio en el ejército ruso o difundir propaganda del Kremlin.
Según Rashevska, este es un ejemplo de cómo combinar la protección de los menores con el respeto a la libertad de circulación.
«La libertad de circulación no es absoluta. Si un Estado entiende que este tipo de actividades pueden representar una amenaza para su seguridad nacional, tiene derecho a restringirlas».
La ley prevé responsabilidades para los padres y su aplicación no se limita a los ciudadanos estonios, sino que también alcanza a los extranjeros con residencia permanente en el país. A juicio de la experta, este enfoque podría servir de ejemplo para otros Estados democráticos.
Guía práctica: cómo pueden reaccionar las comunidades
Las comunidades ucranianas pueden responder eficazmente a este tipo de incidentes si basan su labor de incidencia en tres argumentos fundamentales, afirma la experta.
Apelar al derecho internacional
Los viajes «culturales» organizados por Rusia no son neutrales. Pueden vulnerar los derechos del niño garantizados por la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, así como por el derecho internacional de los derechos humanos.
Además, Rusia viola el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe la propaganda de guerra.
«Rusia nunca llamará guerra a su comportamiento agresivo. Precisamente por eso los niños terminan siendo objeto de una propaganda que el derecho internacional prohíbe de forma absoluta», afirma Katerina.
Recordar la ocupación de los territorios ucranianos
Si estos viajes tienen lugar a la Crimea ocupada u otros territorios ocupados de Ucrania, contradicen la política internacional de no reconocimiento de la ocupación rusa y pueden vulnerar la legislación migratoria ucraniana.
Incluso si el evento se celebra en territorio ruso, la participación de niños ucranianos trasladados ilegalmente desde los territorios ocupados termina legitimando las consecuencias de la ocupación.
Desmontar el mito de que «la cultura está fuera de la política»
Según Rashevska, Rusia lleva décadas utilizando la cultura como instrumento de su política de Estado.
«Los documentos doctrinales rusos señalaban expresamente que la cultura despeja el camino para las armas rusas».
Precisamente por ello, la llamada «diplomacia infantil» no puede analizarse por separado de la guerra a gran escala que Rusia libra contra Ucrania.
La experta llama la atención sobre otra constante: los programas rusos suelen dirigirse a niños de familias socialmente vulnerables o de pequeñas localidades. Para ellos, ganar un concurso internacional y obtener un viaje gratuito puede parecer una oportunidad única.
Por ello, Rashevska está convencida de que el principal instrumento para contrarrestar este fenómeno no debe limitarse a reaccionar después de que ocurran estos casos, sino que debe consistir en un trabajo sistemático de información y sensibilización dirigido a padres y escuelas.
«Los padres deberían hacerse una pregunta muy sencilla: si Rusia financia por completo estos viajes, ¿qué beneficio obtiene a cambio? El queso gratis solo existe en la ratonera».
Fotografía: DepositPhotos
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