Níquel ruso en Finlandia: los ucranianos exigen cerrar una brecha en las sanciones

En Helsinki, la comunidad ucraniana pide poner fin a las importaciones de materias primas de níquel ruso a Finlandia e imponer sanciones a Vladímir Potanin, propietario de la empresa minera y metalúrgica rusa Nornickel. El centro de la controversia es una planta en Harjavalta que continúa trabajando con materias primas procedentes de Rusia.

Vasil Hutsul, presidente de la Asociación de Ucranianos en Finlandia (AUF), explicó en una entrevista con el Congreso Mundial de los Ucranianos (CMU) por qué los ucranianos consideran que esta situación constituye una brecha en el régimen de sanciones y por qué intentan llevar el asunto ante el Parlamento finlandés y la Unión Europea.

Níquel ruso bajo bandera finlandesa

El 15 de septiembre, en Helsinki, la AUF organizó una manifestación en apoyo de la campaña NICKEL22, que exige poner fin a las importaciones de níquel ruso al país y cerrar la vía que permite que esta materia prima llegue al mercado europeo.

El principal objetivo de la campaña es la planta Nornickel Harjavalta, situada en la ciudad finlandesa de Harjavalta y perteneciente al grupo minero y metalúrgico ruso Nornickel. La instalación procesa materias primas de níquel procedentes de Rusia. Tras su procesamiento, el níquel terminado puede comercializarse en los mercados internacionales como producto de una empresa finlandesa.

“El problema de esta empresa es que todavía no está sometida a sanciones. Por eso intentamos detener en Finlandia la producción de níquel a partir de materias primas rusas”, afirma Vasil Hutsul.

Según los datos citados por los organizadores de la campaña NICKEL22, entre 2022 y 2025 Finlandia importó materias primas de níquel rusas por un valor superior a los 4.000 millones de euros. Los activistas consideran que el sistema actual permite a Rusia mantener el acceso al mercado internacional: sus materias primas se procesan en Finlandia y, posteriormente, los productos terminados pueden venderse fuera de Rusia.

“Rusia utiliza esta planta como una especie de ventana al mercado mundial. Después de procesar las materias primas rusas, el níquel producido recibe el etiquetado finlandés y puede venderse en los mercados internacionales”, explica Hutsul.

Otra fuente de preocupación para la comunidad ucraniana es que el procesamiento de materias primas de níquel genera subproductos que pueden utilizarse posteriormente para producir cobre. Parte de estos materiales se envía de vuelta a Rusia para su procesamiento adicional.

El cobre se utiliza ampliamente en la electrónica, la energía, la industria y el sector de la defensa. Por ello, la comunidad ucraniana considera problemático el simple hecho de que exista una cadena de suministro en la que las materias primas rusas llegan a la Unión Europea, se procesan allí y parte de los materiales obtenidos regresa posteriormente a Rusia.

A juicio de Hutsul, esta situación contradice la propia lógica de la política de sanciones, cuyo objetivo es limitar los ingresos de Rusia y su capacidad para sostener la economía de guerra.

El problema radica en que las sanciones de la Unión Europea contra las materias primas metalúrgicas rusas se han introducido de manera gradual, mientras que determinados productos han quedado fuera de las restricciones directas. El níquel es una materia prima importante para la industria europea, especialmente para la producción de acero inoxidable, baterías y otros productos.

Por esta razón, NICKEL22 busca ampliar el régimen de sanciones. La comunidad ucraniana también pide a la Unión Europea que incluya en su lista de sancionados a Vladímir Potanin, el principal accionista de Nornickel.

«El dinero no huele»

En Finlandia, esta cuestión resulta especialmente controvertida. Tras el inicio de la invasión a gran escala, el país redujo drásticamente sus vínculos económicos y políticos con Rusia, cerró la frontera terrestre al tráfico de pasajeros y se convirtió en uno de los países europeos más firmes en su apoyo a Ucrania.

Sin embargo, los flujos comerciales entre ambos países no se han interrumpido por completo. “La frontera entre Finlandia y Rusia está cerrada, pero los trenes de mercancías siguen transportando materias primas”, afirma Hutsul. En su opinión, esta situación genera una evidente contradicción con la política finlandesa hacia Rusia.

“Incluso en el norte de Europa, una región que apoya a Ucrania de manera muy sistemática, se dan casos en los que, como suele decirse, el dinero no huele”, señala.

Al mismo tiempo, la comunidad ucraniana entiende que la exigencia de detener las operaciones de la planta tiene para Finlandia una dimensión no solo geopolítica, sino también socioeconómica. La instalación de Harjavalta es un empleador importante para una ciudad pequeña, por lo que su cierre podría provocar la pérdida de puestos de trabajo. Según Hutsul, este factor explica, en parte, la limitada atención que los medios finlandeses prestan a las protestas.

La AUF organiza piquetes todos los martes junto al monumento a Mannerheim, frente al Parlamento. Según Hutsul, suelen participar entre 20 y 30 personas, aunque en ocasiones la cifra llega a 40.

Una parte considerable de los manifestantes son precisamente ciudadanos finlandeses. En la protesta dedicada a NICKEL22 participaron alrededor de 25 personas. Sin embargo, según el presidente de la AUF, la cobertura mediática de estas manifestaciones sigue siendo insuficiente.

Por ello, el siguiente paso de la comunidad ucraniana es impulsar el diálogo político. Después de la protesta, representantes de la AUF se reunieron con diputados del Parlamento finlandés para debatir posibles soluciones políticas.

“Para nosotros es importante obtener una respuesta de los legisladores, porque, como organización de la sociedad civil, difícilmente podremos resolver este asunto por nuestra cuenta”, afirma Hutsul.

Los ucranianos quieren convencer a los políticos finlandeses de que apoyen el endurecimiento de las sanciones y promuevan el debate sobre el níquel ruso a escala de la Unión Europea. Este diálogo adquiere especial importancia ante las próximas elecciones parlamentarias en Finlandia.

Al mismo tiempo, Hutsul reconoce que se trata de una cuestión complicada para los políticos finlandeses: el país atraviesa un período económico difícil y cualquier decisión que pueda provocar la pérdida de puestos de trabajo podría generar una reacción negativa entre una parte de la población.

Unir a las comunidades

La AUF quiere evitar que la cuestión del níquel ruso se considere exclusivamente un problema finlandés. La organización colabora con las comunidades ucranianas de Suecia, Dinamarca y Noruega en el marco de la iniciativa ciudadana Nordic Ukraine Advocacy Summit.

Cada año, representantes de estas comunidades celebran una cumbre conjunta en diferentes países. La primera tuvo lugar en Suecia en 2023; posteriormente, los encuentros se celebraron en Helsinki, Oslo y Copenhague. El próximo año está previsto organizar la cumbre en Vilna.

“También planteamos la cuestión del níquel ruso ante nuestros socios del Nordic Ukraine Forum en Suecia e informamos sobre esta iniciativa a las comunidades ucranianas de Copenhague y Oslo”, explica Hutsul.

Actualmente, la principal cuestión para la comunidad es si los políticos finlandeses están dispuestos a respaldar un endurecimiento de las sanciones contra la industria metalúrgica rusa y a impulsar el cierre de las correspondientes brechas en el régimen de sanciones de la Unión Europea.

Para los ucranianos, no se trata únicamente de una planta en Harjavalta, sino también de hasta qué punto puede ser coherente la política europea de sanciones si las materias primas rusas continúan llegando al mercado europeo, se procesan allí y las cadenas comerciales vinculadas a ellas siguen generando ingresos para la economía rusa.