RECORDAMOS EL HOLODOMOR: ANTES CONFISCABAN EL GRANO. AHORA DESTRUYEN EL CALOR

Katerina Turska, copresidenta de la Asociación de Ucranianos de Nueva Zelanda (Norte), directora de Mahi For Ukraine

En 1932-1933, Moscú utilizó el hambre para quebrar la resistencia ucraniana. Casi un siglo después, destruye las infraestructuras que proporcionan a los ucranianos calefacción, agua y la posibilidad de sobrevivir al invierno. El régimen soviético confiscaba los alimentos; el Estado ruso actual destruye los medios de producción de calor y electricidad. Ambos regímenes convirtieron la supervivencia de la población civil en un instrumento de coerción.

Este noviembre, los ucranianos se preparan una vez más para honrar la memoria de las víctimas del Holodomor, la hambruna artificial planificada bajo el mandato de Iósif Stalin que se cobró millones de vidas. Al mismo tiempo, una nueva investigación de la Organización de las Naciones Unidas ha llegado a la conclusión de que los ataques sistemáticos de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania no constituyen simplemente crímenes de guerra, sino crímenes de lesa humanidad.

En las conclusiones publicadas el 26 de octubre de 2026 por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Violaciones en Ucrania de la ONU, se documenta que las autoridades rusas aplicaron deliberadamente una política estatal destinada a privar a la población civil de electricidad y otros servicios básicos, condenando a las personas a sufrir de manera generalizada. La Comisión analizó el efecto acumulado de los ataques desde 2022, incluida la devastadora temporada invernal de 2025-2026, cuando las temperaturas descendieron hasta los 21 grados bajo cero y millones de personas permanecieron durante semanas sin calefacción, electricidad, agua ni gas.

Las conclusiones de la ONU prácticamente no dejan margen para la habitual justificación de estas acciones como «daños colaterales»: la privación de servicios esenciales para la vida fue intencionada, sistemática y ejecutada como política de Estado.

El Holodomor no fue una mala cosecha provocada por causas naturales ni una simple consecuencia de una política económica soviética fallida. El régimen de Stalin impuso a los campesinos ucranianos cuotas de entrega de grano imposibles de cumplir, confiscó los alimentos de sus hogares, incluyó pueblos enteros en las llamadas «listas negras» y bloqueó la salida de las personas hambrientas que buscaban comida. Se castigaba a la gente por el simple intento de sobrevivir y se privaba deliberadamente a comunidades enteras de sus medios de subsistencia.

La hambruna estuvo acompañada de una ofensiva sistemática contra la identidad nacional ucraniana: persecución de intelectuales, representantes de la cultura, líderes políticos y cualquier persona en la que Moscú percibiera una amenaza para su poder. Los objetivos de Stalin iban mucho más allá de la colectivización forzosa: el régimen pretendía quebrar la resistencia ucraniana y destruir los fundamentos políticos, culturales y sociales de la existencia nacional de Ucrania.

Millones de personas morían mientras las autoridades soviéticas ocultaban la catástrofe, destruían las pruebas y negaban su responsabilidad durante décadas.

Hoy, en lugar de confiscar el grano, los misiles y drones rusos destruyen centrales eléctricas, subestaciones, redes de calefacción y otras infraestructuras de las que depende la vida de la población civil. En lugar de cercar pueblos hambrientos, la ocupación rusa y las operaciones militares han aislado a comunidades enteras del mundo exterior, han obligado a millones de personas a abandonar sus hogares o las han hecho depender del acceso a la ayuda humanitaria. Y en lugar de estigmatizar la conciencia nacional ucraniana como una amenaza para el poder soviético, el Kremlin actual niega abiertamente el propio derecho de Ucrania a existir como Estado y pretende imponer en los territorios ocupados el control político, cultural e institucional ruso.

Una vez más, el principal golpe recae sobre la población civil, cuyo derecho a la vida queda supeditado a la voluntad de un Estado enemigo.

La reciente crisis humanitaria en Oleshki, localidad de la región de Jersón ocupada por Rusia, deja al descubierto una realidad repugnante: la necesidad de negociar el acceso a los medios más elementales de supervivencia para la población civil que vive bajo ocupación.

Tras meses de escasez crítica de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, una tregua local de seis días, alcanzada con mediación internacional, permitió llevar ayuda humanitaria a los habitantes y realizar evacuaciones.

El simple hecho de que fueran necesarios acuerdos específicos para entregar alimentos y evacuar a civiles de una ciudad ucraniana bajo ocupación rusa demuestra claramente las condiciones inhumanas en las que se encuentran sus habitantes. La operación salvó vidas, pero el permiso temporal para proporcionar ayuda básica se presentó como un logro humanitario, a pesar de que la ocupación y la escasez artificial que habían provocado la crisis continuaban.

Un alivio temporal de la presión no exime a Rusia de su responsabilidad por la catástrofe humanitaria que ella misma ha provocado. Y estas medidas no deben interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como una señal de disposición hacia la paz mientras las tropas rusas continúan destruyendo sistemáticamente las infraestructuras de las que depende la supervivencia de millones de otros ucranianos.

Sin embargo, la raíz del problema es más profunda: se encuentra en un modelo de relaciones entre el poder imperial ruso y la independencia ucraniana que se reproduce desde hace siglos.

El Holodomor no surgió de la nada. Durante siglos, antes de aquella tragedia, el Imperio ruso había intentado someter la vida política ucraniana, desplazar la lengua y la cultura ucranianas, eliminar las instituciones autónomas y reprimir los movimientos que buscaban la independencia de Moscú.

El Imperio ruso, la Unión Soviética y la actual Federación Rusa diferían en su ideología y estructura estatal, pero cada una de estas entidades se arrogó el derecho de determinar los límites de la existencia política y nacional de Ucrania. La pretensión que permaneció inalterable fue la siguiente: es Moscú, y no los propios ucranianos, quien decide cuánta independencia, expresión cultural o autonomía política puede permitirse Ucrania. Cada vez que los ucranianos desafiaron esta pretensión, la respuesta fue la coerción y la violencia.

El Holodomor fue una de las manifestaciones más terribles de esta lógica. Fue un genocidio del pueblo ucraniano, perpetrado mediante la destrucción deliberada de las condiciones indispensables para la propia vida.
Pero no fue ni el comienzo ni el final de los intentos de Moscú por destruir la resistencia ucraniana y su capacidad de decidir su propio destino como nación.

Las deportaciones masivas soviéticas, las ejecuciones, la represión cultural y la persecución de los movimientos nacionales ucranianos fueron eslabones de una misma cadena de terror estatal. En la guerra actual, la deportación forzosa de niños ucranianos, las torturas sistemáticas, las persecuciones en los territorios ocupados, la destrucción del patrimonio cultural y los ataques contra las infraestructuras civiles han vuelto a poner al descubierto los métodos con los que Moscú impone su dominio.

En el fondo de esta continuidad histórica está la percepción de la autodeterminación ucraniana como una amenaza que debe ser eliminada, en lugar de un derecho que debe respetarse.

El régimen soviético ocultó el Holodomor, negó su existencia y destruyó cualquier testimonio de la tragedia. Sin embargo, las noticias sobre la hambruna masiva llegaron a gobiernos y periodistas extranjeros, y algunos de ellos prefirieron minimizar o silenciar lo que habían escuchado. Los intereses políticos del momento ayudaron a Moscú a evitar la condena internacional mientras millones de ucranianos morían de hambre.

Casi cien años después, el mundo ya no puede esconderse tras la excusa de «no lo sabíamos». Las pruebas están documentadas, los responsables son conocidos y la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido oficialmente que privar deliberadamente a la población civil de servicios básicos constituye un crimen de lesa humanidad.

Las imágenes satelitales, las investigaciones independientes, los testimonios de testigos presenciales y la supervisión internacional han reunido pruebas irrefutables de los ataques rusos contra la población civil de Ucrania. La ONU ha constatado directamente la existencia de una política estatal destinada a privar a los civiles de energía indispensable para la vida y ha reconocido su aplicación como un crimen de lesa humanidad.

Si la verdad sobre estos crímenes ya no admite dudas, ¿qué impide exactamente que la comunidad internacional actúe con la determinación que exige esta verdad?

A medida que se acerca el invierno, millones de ucranianos vuelven a enfrentarse a la amenaza de vivir sin calefacción, electricidad y agua estables, no por falta de recursos o de capacidad de su propio Estado, sino porque otro Estado destruye deliberadamente infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil.

En 1932-1933, el alimento fue convertido en un arma contra los ucranianos. En 2026, las armas contra ellos son la calefacción, la electricidad y el agua.

Por eso, honrar la memoria de las víctimas del Holodomor no puede limitarse al duelo por los millones de personas asesinadas hace casi un siglo. Debe convertirse en un acto de comprensión histórica: reconocer las estructuras imperiales, las ambiciones políticas y los mecanismos de coerción que hicieron posible aquel genocidio, y combatir sus manifestaciones actuales.

Ucrania no lucha simplemente por sus fronteras. Resiste una mentalidad imperial de siglos, según la cual los ucranianos no tienen derecho a decidir por sí mismos su propio futuro.

Cuando este noviembre los ucranianos enciendan velas en memoria de las víctimas del Holodomor, muchos lo harán en hogares donde la luz habrá vuelto a apagarse debido a los bombardeos rusos. Esas pequeñas llamas recordarán a quienes Moscú condenó deliberadamente a morir de hambre hace casi cien años y, al mismo tiempo, iluminarán las consecuencias de su nueva guerra contra el derecho de los ucranianos a vivir.

Fotografía: DepositPhotos