Durante años, las comunidades ucranianas de todo el mundo han organizado protestas frente a las oficinas y tiendas de empresas que decidieron permanecer en el mercado ruso tras el inicio de la invasión a gran escala. Las organizaciones de la sociedad civil advirtieron a las empresas occidentales de que intentar mantener sus beneficios en un país agresor no solo suponía una falta moral y una forma de financiar la guerra mediante el pago de impuestos, sino también una trampa estratégica.
Con el tiempo, el propio Kremlin confirmó las advertencias de estas comunidades e inició una nueva etapa de expropiaciones abiertas. El 17 de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un decreto para transferir a la «administración estatal temporal» la empresa L.E.V. Management, propietaria de activos de la cadena francesa Auchan, de la suiza Nestlé y de la compañía Lemanа PRO, a la que se transfirieron bienes de Leroy Merlin.
Asimismo, el 4 de agosto, el Kremlin autorizó oficialmente la posibilidad de no devolver los activos a las empresas extranjeras que abandonaron el mercado ruso. Además, según fuentes citadas por Bloomberg, Rusia prepara un nuevo mecanismo de privatización acelerada y venta de activos extranjeros como «respuesta» a cualquier medida europea destinada a confiscar fondos rusos en el extranjero.
Esta situación desmonta por completo la ilusión de un «negocio neutral» y proporciona a las comunidades ucranianas una poderosa herramienta de incidencia política, afirma Volodímir Kogutiak, vicepresidente del CMU para Europa Occidental, vicepresidente de la Asociación de Ucranianos de Francia (AUF) y presidente del Comité de Incidencia Política del CMU.
El nuevo argumento para los gobiernos y las sociedades occidentales es claro: cualquier intento de alcanzar compromisos con Rusia termina en expropiaciones, mientras que el capital occidental que permanece en el país se convierte en un recurso directo para financiar la guerra contra Ucrania.
Cambiar el paradigma de la incidencia política
«Estamos pasando de los llamamientos emocionales al boicot a argumentos económicos y de seguridad contundentes. La apropiación de empresas occidentales por parte del Kremlin demuestra que Rusia ha pasado definitivamente al pirataje económico», afirma Kohutiak.
Los principales mensajes de nuestra labor de incidencia política son los siguientes:
- “El precio del compromiso es la expropiación”: las empresas que permanecieron en Rusia para preservar sus beneficios acabaron perdiendo tanto sus ganancias como sus propiedades y su reputación. Intentar llegar a acuerdos con un agresor conduce siempre a la derrota.
- Financiación de la guerra al margen de las sanciones: los activos transferidos al control estatal o repartidos entre los oligarcas del Kremlin pasarán a contribuir directamente a la maquinaria bélica rusa. Las propiedades expropiadas de Auchan o Leroy Merlin se convierten ahora en fuentes directas de ingresos para el presupuesto militar ruso.
- El chantaje mediante la confiscación: la intención de Rusia de vender activos occidentales como represalia por la transferencia a Ucrania de fondos rusos congelados constituye un intento de tomar como rehenes al capital europeo. Los gobiernos europeos no deben ceder a este chantaje.
Plan de acción para las comunidades ucranianas
Para transformar estos acontecimientos en decisiones concretas de los gobiernos y municipios occidentales, el Comité de Incidencia Política del CMU recomienda las siguientes medidas:
1. Trabajar con los medios de comunicación locales y nacionales
- Tema para proponer a los medios: ¿Cómo acabaron el dinero de nuestros contribuyentes y las inversiones en los bolsillos de los oligarcas de Putin?.
- Enviar comunicados de prensa y artículos de opinión a los medios locales utilizando como ejemplos marcas concretas, como Auchan, Nestlé y Leroy Merlin. Mostrar con cifras que estas empresas se negaron a abandonar Rusia alegando su “preocupación por la población civil”, pero que, finalmente, el Estado ruso simplemente les arrebató sus activos.
2. Incidencia política ante los gobiernos y los parlamentos
- Enviar solicitudes y propuestas a los ministerios competentes del país de residencia, incluidos los de Economía, Asuntos Exteriores y Finanzas.
- Exigir la aprobación de una legislación nacional estricta que permita exigir responsabilidades a los directivos de empresas cuyos activos en Rusia hayan sido objeto de nacionalización o privatización, si estas continuaron operando en el país después de 2022.
- Instar a los gobiernos a no ceder al chantaje del Kremlin en relación con los activos rusos congelados. Los daños sufridos por las empresas occidentales fueron causados por el propio Putin mediante sus decretos del 4 de agosto y del 17 de septiembre. Por tanto, los contribuyentes europeos no deben convertirse en rehenes de los errores empresariales de determinadas corporaciones.
3. Presión pública y acciones de protesta
- Organizar campañas de información pública cerca de las sedes centrales o de las principales tiendas de las cadenas implicadas.
- Utilizar carteles con los logotipos de las marcas entrelazados con símbolos militares rusos y el mensaje: “Sus impuestos en Rusia se convirtieron en tanques rusos y sus tiendas, en propiedad de Putin”.
4. Auditoría pública y “listas negras”
Utilizar plataformas de análisis, como Leave Russia como una fuente de datos verificados sobre las empresas de sus respectivos países que no abandonaron el mercado ruso.
Actualizar, junto con socios locales y centros de análisis, las listas de empresas que operan en Rusia y remitirlas a los municipios, exigiendo que estas compañías queden excluidas de las contrataciones y licitaciones públicas. Los fondos públicos y municipales de los países europeos no deben destinarse a entidades que contribuyen al sostenimiento de la economía del agresor.
La seguridad económica como argumento
La apropiación de activos extranjeros en Rusia supone el golpe definitivo al mito de que es posible hacer negocios con un régimen totalitario. El Kremlin ha demostrado que, para él, el derecho internacional y el derecho a la propiedad privada han dejado de existir.
“La tarea de las comunidades ucranianas hoy es hacer comprender a cada político, periodista y ciudadano europeo que la única respuesta adecuada al terrorismo económico y militar de Rusia es el aislamiento total del agresor, la transferencia inmediata de todos los activos rusos congelados para la reconstrucción y la defensa de Ucrania, así como el apoyo incondicional a nuestra victoria”, concluye Kogutiak.
Fotografía: DepositPhotos.